El problema sigue. Es por los infundios —artilugios legaloides— en los que se basó el presidente Felipe Calderón desde el domingo 11 de octubre de 2009, para decretar la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y echar a la calle a sus 44 mil trabajadores y 20 mil jubilados. Fue con el uso de la fuerza, porque con el clásico sabadazo llegó la policía federal en horas de la noche (como los ladrones o los dictadorzuelos) y tomó todas las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin más.
Desde entonces a la fecha, el gobierno de Calderón ha utilizado todas las medidas posibles —también las imposibles—, para justificar la desaparición (en su momento no probó la causa de “utilidad pública” para la extinción) forzada de LyFC, y desacreditar a los trabajadores que están en pie de lucha por defender su fuente de trabajo. Siempre le apostó al desgaste. Es decir, a que los trabajadores se cansaran de protestar en las calles y que la ciudadanía les diera la espalda por generar cierre de calles o avenidas.
Pero no ha sido así. Con todo y que el gobierno calderonista utilizó el aparato televisivo para golpear a los trabajadores agrupados en el SME (por cierto los primeros indicios de las intenciones gubernamentales de apoderarse de LyFC fue la intromisión del titular del Trabajo, Javier Lozano para no otorgar la “toma de nota” tras la última reelección de Martín Esparza como dirigente del sindicato), tratándolos de flojos porque no hacían su trabajo, de que ganaban miles en salario y prestaciones, vacaciones, etc., para cerrar con que prestaban un mal servicio, no le cuadró.
Tampoco la política de convencimiento de jugosas liquidaciones, cuanto más pronto mejor, si los trabajadores se prestaban a la política de la zanahoria, porque fueron pocos aquellos que —apenas el 6 por ciento, 2 mil 527 orillados por la necesidad, seguramente— acudieron a obtener un finiquito. Luego, las promesas de recontratación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promovida abiertamente por Lozano resultaron más vacías que una cáscara de nuez. A lo más les ofrecieron abrir un “changarro” (estilo Fox; les faltó la promesa de la “tele” y el “bocho”) a beneficio de la cadena trasnacional Oxxo.
¿Y con el servicio? ¡Ah, pero qué problema! Dijo Elías Ayub, el titular de la CFE, que si ellos abastecían un territorio tan amplio que comprendía el resto del país, sus “ingenieros” se darían abasto. Y sin mayores problemas. Pues también eso resultó un fiasco. Porque nunca han podido con el paquete. Ni al principio, ni últimamente, porque para justificar su ineficacia han acusado a los “ex” —para ellos— trabajadores del SME de sabotaje.
Por cierto que, en el recuento último de Proceso, se encontró que, como todas las medidas para justificar el decreto de extinción de LyFC carecen de fundamento (ni siquiera actos de presunta “corrupción”, vestigios de “ineficacia” y “prestaciones onerosas”, etcétera. “En Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de corrupción ni de datos concretos sobre fallas técnicas ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó”, escribió Daniel Lizárraga), es a partir de aquél sabadazo del 10 de octubre que se han abierto las denuncias.
Tras la movilización de lostrabajadores y hasta abril pasado —dice Proceso—, es cuando el gobierno arremete contra el sindicato. “La PGR mantenía abiertas 250 averiguaciones contra líderes y miembros del SME, además de 26 actas circunstanciadas… y 19 expedientes en manos de jueces federales”. Son “11 (acusaciones) por robo, 67 por sabotaje, 11 por amenazas, 7 por ataques a las vías generales de comunicación, 6 por actos contra el consumo y la riqueza nacional (sic), 5 por oponerse a ejecución de obra, 5 por lesiones y 2 por fraude. Y otras 36 por diversos delitos”.
Todo eso post festum. Artilugios legaloides para tratar de golpear a la dirección sindical. Porque, lo mejor del caso, hasta hoy no hay en las leyes elementos que le den siquiera el beneficio de la duda al presidente Calderón. Salvo el interés económico que anda de por medio, con eso del triple play. Un jugoso negocio, como lo dijimos en nuestra columna del 19 de mayo (ver en la liga http://www.alainet.org/active/38275&lang=es) que Calderón amenaza con entregar a los españoles que andan sobre la fibra óptica, una opción para las telecomunicaciones (datos, imagen y voz) que promete ganancias por 6 mil millones de dólares.
Por supuesto que ese es un argumento poderoso. Pero Calderón no puede estar por encima de las leyes. ¡Mucho menos de la Constitución Política! Por eso, uno de los abogados del SME, Raúl Carrancá, ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) toda la argumentación que desnuda de pies a cabeza las falsedades del decreto de extinción de LyFC de Calderón. Esos elementos, junto con la parte laboral que representa para el sindicato electricista, Néstor de Buen, fortalecen la petición ante la Corte.
Así, después de que el 5° Tribunal Colegiado de Circuito no resolvió la petición de amparo del SME en contra del decreto, el ministro Sergio A. Valls Hernández atrajo el caso. Él fue quien se lo llevó a la Corte. Y ahora los trabajadores esperan una resolución favorable, porque tienen todos los elementos jurídicos, laborales y sociales, para lograr una salida digna de un conflicto que surgió por una decisión autoritaria y presidencial.
En plática con Maniobras del poder, el secretario del trabajo del SME, Eduardo Bobadilla, adelantó una posible solución. Antes aclarar que los abogados decidieron presentar una sola demanda de amparo pero con doble contenido: de inconstitucionalidad y laboral, “la primera vez que se hace”. Para eso elaboraron una síntesis de las 500 fojas. Para consumo de la Corte. En la parte laboral, Bobadilla adelanta que el SME plantea el asunto de “la sucesión patronal”. O del patrón sustituto con CFE, o la empresa que decida el gobierno.
El SME plantea, en voz de Eduardo, “que la SCJN no tenga ningún problema, ningún pavor para determinar a favor de los electricistas. No pedimos que la Corte se enfrente al gobierno federal. Hay una salida en la demanda, y la salida es la sucesión patronal”. Y con eso —dice— la Corte no le pegaría al presidente. El SME plantea una solución política del conflicto que permitiría “además de una salida digna, para levantar los compañeros de la huelga de hambre” que mantienen en el Zócalo. Porque la dignidad está primero.
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