De Martín Esparza Flores
Señor director:
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo a nombre de los 16 mil 700 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en resistencia, y de los más de 15 mil jubilados, deseándole como siempre el mejor de los logros en su desempeño al frente de uno de los medios de comunicación más veraces y objetivos de México.
Y en referencia al reportaje publicado en su número 1801, del pasado 8 de mayo, bajo el encabezado: Los verdaderos “ganones” del cierre de Luz y Fuerza y la firma de la reportera Rosalía Vergara, quisiera hacer las siguientes precisiones.
Siendo Proceso uno de los medios que ha seguido puntualmente las causas de fondo que dieron origen al ilegal decreto de Extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre de 2009, nos sorprende que en la lista de “ganones” se me ubique, en mi calidad de secretario general, como uno de los beneficiarios del cierre de LFC para manejar “los 12 mil millones de pesos mensuales de cuotas sindicales y los 30 mil millones de pesos que valen los bienes y los aportes de los trabajadores”. Además, sin documentos que avalen lo dicho por la fuente informativa, se me ubica como beneficiario de una concesión para explotar una red pública de telecomunicaciones.
Creo importante recordarle que desde el momento en que iniciamos nuestra lucha de resistencia hemos sido objeto de uno de los más feroces linchamientos mediáticos de que se tenga memoria por parte del gobierno federal, para lo cual no se han escatimado ni recursos ni mercenarios y traidores a nuestra organización tratando de denostar nuestro movimiento.
Por ello nos llama la atención que la información publicada se sustente en lo dicho por el trabajador jubilado Alfredo Ríos Solís, personaje sin calidad moral por sus antecedentes de corrupción entre la familia electricista, y quien fue destituido como secretario de Educación y Propaganda, en la Asamblea General Extraordinaria del 11 de septiembre de 1995, por el voto mayoritario de 39 mil 224 trabajadores.
A Ríos Solís los miembros de las Comisiones Autónomas de Justicia y de Hacienda le comprobaron, entre otras faltas al estatuto, dilaciones en la ejecución de cheques (números 5262 y 5996) para el pago de la impresión de nuestra revista Lux, de la cual elevó su costo real de 26 mil a 122 mil pesos, provocando además un serio quebranto financiero al SME al haber forzado la compra de 35 mil paquetes escolares sin consultar al resto de los miembros del Comité Central.
Ahora, a 16 años de su vergonzoso proceder, Ríos Solís surge de la nada pensando que los integrantes del SME no tenemos memoria histórica, y salta a la palestra de los infundios, para sumarse a la lista de marionetas del gobierno que, como Alejandro Muñoz y otros, lejos de aportar ideas y propuestas a nuestra lucha, sólo sirven de comparsas para atacarnos en los medios, sin fundamentos.
Es inexacto y tendencioso señalar que la toma de nota entregada a los miembros del Comité Central –y no a Martín Esparza en particular– en diciembre del pasado año, tras meses de lucha ante las autoridades laborales, ha servido para el manejo de millonarios recursos de cuotas sindicales, que no existen al encontrarnos sin empleo. Los únicos recursos que ingresan a nuestra organización son por la vía de las aportaciones solidarias de nuestros compañeros jubilados. Ingresos de los que tenemos un puntual registro y de cuya contabilidad y estados financieros se informa semestralmente a nuestra organización. Tal información está a la disposición de su medio.
Por eso los señalamientos sobre la imaginaria danza de los millones del SME no nos preocupan, como tampoco las versiones de que nos preparamos para vender sus inmuebles. Por acuerdo de asamblea y por decisión de la mayoría de los compañeros jubilados y en resistencia, los bienes del SME no están en venta, pues son el patrimonio de las futuras generaciones.
Insistimos por ello en que la estrategia de fondo para enfilar estas desinformaciones en contra del SME es crear una cortina de humo para encubrir precisamente a los verdaderos “ganones”, pues Proceso ha dado cuenta de ello con sólidos reportajes de sus ediciones 1719 y 1724, de 2009, los cuales detallaron la estrategia y los objetivos del gobierno de Calderón para privatizar el sector eléctrico a favor de particulares y trasnacionales.
Entre la lista de los “ganones” está la empresa española WL Comunicaciones, S.A. de C.V., concesionaria para explotar los mil 100 kilómetros de la red de fibra óptica comprendidos en el área de influencia de LFC, entre cuyos socios mayoritarios aparecen los exsecretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond. A esta firma el SME le estorbaba en sus planes.
Y deseo explicarle por qué: El 16 de marzo del 2008, en el marco de nuestra revisión contractual, se estableció la firma de un “convenio de productividad” que en su cláusula décima establecía, de mutuo acuerdo entre el SME y las autoridades de LFC, realizar estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para solicitar a la SCT una concesión para operar una red pública de telecomunicaciones que permitiera ofrecer el servicio de triple play, a precio y calidad competitivos, en la zona de influencia de LFC. Cabe señalar que fueron testigos de dicho convenio el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el del Trabajo, Javier Lozano.
El 5 de diciembre de ese año, la Junta de Gobierno de LFC autorizó a su director, Jorge Gutiérrez Vera, realizar los estudios de factibilidad, y el día 17 el funcionario solicitó la opinión de la Secretaría de Energía (Sener) para seguir adelante en el proyecto. El 11 de junio del 2009 la Sener dio luz verde para que LFC gestionara la referida concesión, por lo que el 30 de junio se presentó la petición de manera formal dando cumplimiento cabal a los 46 puntos solicitados por la SCT. La contestación ya no llegó porque cuatro meses más tarde, el 11 de octubre, se asestó el golpe contra el SME.
En este contexto, señor director, queda en evidencia el doble lenguaje con que se conduce la actual administración y cae por tierra una de sus razones para extinguir LFC en el sentido de la baja rentabilidad de la misma. De haberse concretado la concesión para operar la fibra óptica, la empresa hubiera tenido recursos adicionales por 100 mil millones de pesos al año, lo que habría contribuido a sanear sus finanzas, sobre todo si se considera que dentro de los falsos argumentos manejados para extinguirla está el de que los 42 mil millones de pesos que supuestamente costaba LFC al erario eran para pagar los “privilegios” de los trabajadores, cuando, de acuerdo con la Evaluación de la Cuenta Pública 2009, realizada por la Cámara de Diputados, se ha demostrado que de este monto sólo 6.3% era para el pago de sueldos y prestaciones al SME y un 56% para pagar la energía cara y en bloque que CFE vendía a LFC.
Es evidente que detrás del Decreto de Extinción que dejó sin empleo a 44 mil electricistas estaba, entre otros, el objetivo de salvaguardar los intereses de WL Comunicaciones, mismos que se hubieran visto seriamente afectados al competir con la filial de LFC, que habría ofrecido un servicio más económico a la población. Carstens y Lozano atestiguaron la firma del convenio a sabiendas de lo que estaba por venir contra el SME. El doble lenguaje del engaño al SME.
“Ganones” también son los dueños de las empresas contratistas que desde el cierre de LFC han prestado, sin experiencia y con una pésima calidad, el servicio de mantenimiento de las instalaciones y redes operadas por el SME, contratadas sin transparencia alguna por funcionarios de la CFE, como el exdirector de Operaciones, Néstor Moreno Díaz, ahora procesado en los tribunales de Estados Unidos por actos de corrupción. Los más de 3 mil contratos otorgados hasta la fecha han costado a las finanzas casi 3 mil millones de pesos. Ofrecemos también a su medio las pruebas al respecto.
Igualmente, debemos ubicar en la primera fila de los “ganones” a las trasnacionales que, bajo la categoría de Productores Externos de Energía (PEE), se han adueñado de la generación de electricidad desplazando en la última década de esa función estratégica a la CFE, como son: Unión Fenosa, Mitsubishi, Mitsui –el gigante estadunidense–, AES, Intergen e Iberdrola, entre las principales firmas. Esta última, por cierto, ha obtenido en los últimos años ganancias del orden de los 268 mil millones de pesos por ventas de energía a la CFE.
El análisis realizado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cuenta Pública 2009, presentado en la Cámara de Diputados (que también ponemos a su disposición), no deja lugar a dudas de que en la última década la CFE ha ido cediendo la generación de energía a las trasnacionales, hipotecando ésta área a través de dos vertientes: la primera, la subutilización de sus plantas; y la segunda, los contratos obligatorios de compraventa de electricidad hasta por 25 años de vigencia. Con el control de casi el 50% de la generación de energía que actualmente detentan, las empresas extranjeras tendrán en sus manos el control del sector eléctrico en las próximas décadas, llevándose ganancias por 1.6 billones de pesos.
Del documento de la Unidad de Evaluación, que por su naturaleza administrativa impide sesgos favorables tanto para las dependencias públicas como para los intereses gremiales, se deduce que del 2000 al 2009 los productores externos han crecido a un ritmo acelerado, pues mientras en el año 2000 apenas aportaban el 4.3% de la generación total de energía eléctrica del país, unos 12 mil 900 GW, contra 191 mil GW del sector público, para 2009 aumentaron su producción hasta llegar a los 105 mil 900 GW de generación; la CFE, en cambio, produjo en 2009 sólo 157 mil GW, reduciendo en 34 mil 400 GW su generación respecto al año 2000.
Cumplir con los compromisos de compra de energía a las trasnacionales por parte de la CFE ocasionó también que las finanzas de LFC se quebrantaran. En el análisis de la Unidad de Evaluación se establece: “En 2007, Unión Fenosa, productor privado independiente de origen español, vendió el KWh a CFE a 59 centavos y CFE lo vendió a su vez a LFC a un peso, y a 93 centavos a los industriales. En 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el KWh entregado a CFE a 93 centavos, y CFE lo transfirió a LFC a 1.50 pesos , y la SHCP obligó al organismo liquidado a vender al usuario a 1.18 centavos. Ello originó que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, generando un sobreprecio de cerca de 13 mil millones de pesos en 2009”.
Y si alguna duda subsiste sobre las absurdas razones esgrimidas para extinguir a LFC, el documento de análisis de la Cuenta Pública sobre el sector energético pone las cosas en claro cuando concluye: “El sector eléctrico mexicano requiere un diagnóstico detallado y una propuesta de una profunda reconfiguración; la extinción de LFC no corrige el problema de fondo que es la reconstitución de la capacidad de generación eléctrica a costos y precios competitivos, de tal manera que atienda las necesidades de consumo de los diversos sectores económico y doméstico utilizando su propia infraestructura que está subutilizada. La CFE disminuyó su capacidad de generación en 12 mil MW para permitir el ingreso de los permisionarios privados…
“Adicionalmente, las pérdidas de LFC subsidiadas presupuestalmente por el gobierno federal a través de menores tarifas a los consumidores también son una práctica utilizada por la CFE. Los costos fijos y variables que implica tener una infraestructura subutilizada deterioran sensiblemente el margen operativo, que son complementados por el alto costo que la paraestatal tiene que destinar al pago a permisionarios por la compra de la electricidad, incluidos todos los excedentes. Por ello, las exportaciones de energía se han incrementado en los últimos años debido a que no hay forma de colocar los excedentes en el mercado nacional. Entre 2001 y 2009, CFE recibió casi el doble de las transferencias que el gobierno asignó a LFC para financiar sus elevados costos de explotación; la diferencia respecto de la primera es que el organismo no recibió esos recursos como un flujo directo sino que han sido operaciones compensables atribuibles a la cancelación del pago de aprovechamientos. Los subsidios a LFC fueron utilizados para pagar los costos de energía que la empresa adquirió a CFE y otros costos de combustibles.”
Apelamos, señor director, al sentido objetivo de Proceso para que se publique la presente, donde, como usted puede apreciar, se muestra con claridad quiénes son realmente los “ganones” con el cierre de Luz y Fuerza y el despido de 44 mil electricistas, y cuáles son las razones de fondo para intentar quitar de en medio a un sindicato independiente y combativo como el SME, que sigue luchando por la defensa de nuestra industria eléctrica y que mantiene el movimiento de resistencia para recuperar nuestra fuente de empleo y el sustento de nuestras familias.
Atentamente
Martín Esparza Flores
Secretario general del SME
