Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)Miércoles 9 de junio, 19 hs. Lugar: junto a la Embajada de México. Carrera de San Jerónimo, 46.
Incluye: Documento de trabajo para el caso de Uni¡on Fenosa en Latinoamérica y Caribe, y Petición a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado Español.
El Sindicato Mexicano de Electricistas está desarrollando una intensa lucha contra la desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro,como paso para la privatización de la industria eléctrica nacional. El SME participó recientemente del Tribunal Permanente de los Pueblos, desarrollado en la Cumbre de los Pueblos (Madrid, 14-16 de mayo), donde presentó un caso. En el documento anexo se resume el mismo. Trabajadores del SME iniciaron hace varios días una huelga de hambre en protesta tanto contra la privatización y los despidos, como contra la represión ejercida, y hansolicitado que se realicen concentraciones de apoyo frente a las embajadas y consulados.
Asimismo, se ha pedido que se manden adhesiones a la carta que se entregará a laembajada, y que se manda anexa. Las adhesiones pueden enviarse a: elpernales60@gmail.com. La Asamblea de Madrid deEnlazando Alternativas, en su última reunión celebrada el martes 1 de junio, ha acordado apoyar esta concentración y hace un llamamiento a secundar la misma.
DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL CASO DE UNION FENOSA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (CASO MÉXICO)
1. ACUSACION (Texto conjunto):
Acusamos al Banco Mundial, a las empresas transnacionales IBERDROLA, REPSOL-Gas Natural-Fenosa y al gobierno mexicano, que actúa como cómplice e instrumento de aquellas, de haber cometido un “Crimen contra la Humanidad”, al haber instigado los primeros y ejecutado este último, la inconstitucional desaparición de la empresa pública de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC), de ocupar sus instalaciones con lujo de violencia utilizando al ejército y la fuerza pública, de violar los derechos humanos y laborales de sus 43 mil 720 trabajadores al despedirlos, de dejar en la indefensión a sus 22 mil 256 jubilados y de intentar destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
También los acusamos de haber emprendido toda esta agresión sin tener otro propósito que el de impulsar un inconstitucional, ilegal y corrupto proceso de privatización de la industria eléctrica nacional y de sus redes de fibra óptica y oscura para las telecomunicaciones. Inconstitucional porque el párrafo sexto del Articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente prohíbe la participación de los particulares en cualesquier parte del proceso de trabajo eléctrico (Generación, Transmisión, Distribución y Abasto de Energía Eléctrica). Ilegal porque las creación de la figura de “Productor Independiente de Energía” (PIE) en una ley secundaria (la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica –LSPEE-) que contradice el Párrafo Constitucional antes mencionado y las iniciativas para reformar y hacer compatible a la Carta Magna con esa figura, ha sido reiteradamente rechazada tanto por el Congreso de la Unión como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corrupto porque se han establecido contratos de operación que le otorga a las empresas trasnacionales todas las ventajas y ningún riesgo. Operan ganando por partida doble, primero a través de esquemas de inversión conocidos como Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) en donde el estado mexicano asume el riesgo de la inversión y del abasto del combustible amortizando la inversión, pagando onerosos intereses y con contratos que aseguran la venta del cien por ciento de su capacidad de generación, amén de que México contaba con un parque de generación suficiente para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, y debido a esa política de privatización escandalosa, ha tenido que cerrar y reducir la capacidad de sus plantas de generación. Existen otras prebendas aún más escandalosas que señalamos en otra parte del documento.
Las consecuencias de esta infamia constituyen otros tantos delitos de lesa humanidad y ambientales, al haber provocado quebranto financiero y técnico en contra de las dos empresas públicas de electricidad, de graves inundaciones en las entidades de Tabasco (2008), Estado de México y Distrito Federal (abril de 2010), y un desmesurado incremento de tarifas que han ocasionado múltiples conflictos sociales, represión y el encarcelamiento de líderes opositores a dichos incrementos.
Finalmente también los hacemos responsables de la muerte de más de 25 trabajadores que, debido a la criminal carencia de capacitación en un oficio tan delicado y al desconocimiento de las instalaciones eléctricas de LFC, fueron contratados para tratar de mantener el servicio público de electricidad.
A continuación se ofrece amplia información sobre el proceso de privatización de la industria eléctrica nacional. Estos datos desnudan las mentiras oficiales, que desde 1999 promovían la imperiosa necesidad de “inversión privada” para conjurar “inminentes apagones”, y así justificar la participación de empresas privadas en la generación de electricidad, aún violando flagrantemente nuestra Carta Magna a través de reformas a leyes secundarias. Al final se presentan las principales conclusiones de esta investigación
2. PERFIL DE LA EMPRESA:
La Empresa Transnacional hasta ahora, aunque tenga la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, constituye esencialmente una unidad económica con un centro único de poder y por ende de decisión corporativa. La Unión Fenosa nació en 1982 como resultado de la fusión entre Unión Eléctrica y Fuerzas Eléctricas del Noreste. Tiene actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad, y en otras áreas energéticas, como el gas (desde 2000) aparte de actividades en sectores como los servicios profesionales y de ingeniería. En 1986 inició su expansión internacional mediante algunos contratos de ingeniería relacionadas con el sector eléctrico y en 1992 se realizó la primera inversión directa en el exterior.1
La expansión se ha basado en la apuesta por el control de la cadena integrada del gas – desde su extracción hasta su comercialización – y la consolidación de sus negocios internacionales. Unión Fenosa tenía, antes del proceso de integración con Gas Natural, presencia en cuatro continentes aunque sus actividades se concentraban en España y en el continente de América.2
En 2008, el grupo empresarial español Unión Fenosa con sede en Madrid, fue la tercera empresa eléctrica del mercado español, cuyo resultado neto fue de 1.194 millones de €. Con esto se presentaron, según la compañía, los “mejores resultados de su historia”.3
Paralelamente, durante el año 2008, se escuchaban rumores con respecto a una nueva integración económica de dos grandes empresas europeas de energía, noticia que se confirmó al principio de 2009: Gas Natural4 compró Unión Fenosa5 y se aseguró así el control sobre el 95,22% del capital de esta última. La fusión dio lugar a una de las 10 mayores compañías eléctricas de Europa que a partir de entonces iba a tener una presencia en 23 países del mundo, contando con 20,2 millones de clientes en total.6
1. PERFIL DE LA EMPRESA EN MÉXICO:
El ingreso a México formó parte de una entrada mayor de la empresa en el subcontinente latinoamericano a partir de finales de los años noventa, donde Unión Fenosa sucesivamente había comprado empresas distribuidoras de electricidad en Panamá, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua.7 En la mayoría de los casos se presentaban los mismos patrones de quejas por la multiplicación de los precios, irregularidades en las facturaciones y cortes indebidos de energía.8
Una parte importante de los ingresos de Fenosa son producidos en América latina teniendo en cuenta que en 2006, del total de la potencia que tiene instalada para producir electricidad, el 27,4% procede del extranjero y estaba prácticamente centrada en cuatro áreas.9 De igual manera, cerca del 50% de los clientes de Unión Fenosa fuera de España se encuentran en el conjunto del nodo de Colombia.10
En México Unión Fenosa incursionó de la mano del mismo Rey de España, Juan Carlos I, quién intercedió ante los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para obtener jugosos contratos, sin licitación alguna, como “consultora” de Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad. El papel que desempeñó en ambas empresas, aparte de desplazar mano de obra especializada nacional, fue la de preparar una supuesta “modernización” acorde con los objetivos de privatización de la industria eléctrica y otorgarle un espacio privilegiado para acomodar dicho proyecto a sus muy particulares intereses.11
Durante este proceso de expansión en América Latina, Unión Fenosa ha sido beneficiaria y artífice de un grave proceso de monopolización en materia de generación: la primera es a partir de controlar la distribución del servicio de energía en los diferentes países donde se encuentra, al constituirse en accionista mayoritaria de las empresas principales de carácter estatal que prestaban el servicio; la segunda vía ha sido por medio del proceso de apropiación de las fuentes de generación energética en los diferentes países (recurso hídrico, gas, carbón, etc.) por medio de inversiones en el proceso de generación y ser beneficiaria de las diferentes concesiones de exploración y explotación de recursos que se le han otorgado en América.
2. DE CONSULTORA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ELÉCTRICIDAD AL ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN DE MONOPOLIO:
El primer antecedente del intento de privatización del sector eléctrico mexicano, se remonta a la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo, cuando la transnacional de España, Grupo Unión Fenosa (Fuerza Eléctrica del Noroeste, S. A.) acudió a LyFC entre diciembre de 1995 y febrero de 1996, para “colaborar” en el desarrollo de la Fase I del proyecto para su modernización. La iniciativa gubernamental estaría orientada a desaparecer LyFC "para ser sustituida por 'empresas especializadas' que a su vez serían 'desincorporadas', o sea, vendidas, una a una como 'empresas regionales' privadas”12.
En este plan de reestructuración, Unión Fenosa no tomaba en cuenta la participación de 20 mil de los 35 mil trabajadores sindicalizados del organismo, y no precisaba las áreas donde serían ubicados o si serían despedidos. En cambio "abre la puerta" a la contratación de servicios a compañías particulares en las áreas de construcción, talleres e intendencia, entre otras. Bajo el esquema de reestructuración, la empresa sería fraccionada en cinco unidades que atenderían a los consumidores del Distrito Federal y de manera parcial a los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos; en total 135 entidades políticas, entre municipios y delegaciones. Aunque el proyecto de reestructuración fue entregado a la directiva del SME para que los sindicalistas analizaran su contenido y dieran su opinión a Unión Fenosa, la Junta de Gobierno de LFC publicó el 21 de marzo de 1998 en el Diario Oficial el estatuto orgánico de la compañía, con el nuevo organigrama planteado en el supuesto plan de modernización.
El plan propuso cuatro sistemas: Sistema de Gestión del Abastecimiento, Sistema de Información Económica, Sistema de Gestión Comercial y Sistema de Administración de Recursos Humanos. Además, el proyecto considera la división del organismo en cinco zonas: Norte, Poniente, Oriente, Pachuca y Toluca-Cuernavaca, mismas que atenderían a 17 regiones: Norte a Cuautitlán, Ecatepec y Tlalnepantla; Poniente a Cuajimalpa, Naucalpan, Pedregal y Vértiz; Oriente a Bolívar, Chalco, Chapingo e Iztapalapa; Pachuca a Pachuca, Tula y Tulancingo, y Toluca-Cuernavaca a Toluca, Tenango y Cuernavaca. Estas regiones estarían "conformadas con grupos de trabajo y recursos diseñados para proporcionar de manera integral el servicio de distribución y comercialización adecuado a las características de cada área, con la finalidad de hacerlas autosuficientes, mas no autónomas". Sus funciones serían: comercialización, proyectos y presupuestos, instalación, operación, mantenimiento, conexiones, pruebas, obras civiles, administración de personal y recursos materiales, contabilidad y servicios y apoyos técnico e informático.
Unión Fenosa, cobrando caro su consultoría al gobierno mexicano, y este a los bolsillos de los ciudadanos, pretendía modernizar lo que luego buscaría comprar a bajo costo. Y esto no es nuevo, se ha repetido infinidad de veces con empresas estatales en México y en toda América Latina y El Caribe. Así, el plan de reestructuración fue entregado a LyFC a fines de 1998 donde se consideraba la posibilidad de que los sindicalizados con mayor experiencia, los especialistas e ingenieros, pudieran ser absorbidos por la empresa privatizada en caso de que el Congreso de la Unión aprobara el proyecto de modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución, presentado por el entonces secretario de Energía, Luis Téllez. Desde entonces Unión Fenosa pretendía ser el principal comprador de una de las más grandes compañías estatales del sector eléctrico en el mundo. Por ese motivo, el gobierno federal no recurrió a los trabajadores sindicalizados. Para el SME, la empresa puede lograr su modernización con la ayuda de los trabajadores sindicalizados, "sin necesidad de llegar a la privatización y sin la ayuda de Fenosa", y aseguraban contar con personal capacitado para afrontar los retos de la modernización de LFC, “sin el insulto que representa para los trabajadores mexicanos el enorme salario que perciben los asesores extranjeros”. Además, para el SME “los ingenieros del Departamento de Máquinas Electrónicas y Procedimientos están en posibilidades de desarrollar los planes de reestructuración”. 13
2.3. LA GENERACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION ENERGETICA SE HA CONSTITUIDO EN UN REGIMEN DE MONOPOLIO POR PARTE DE LA UNION FENOSA:
Los recursos naturales que se encuentran en América Latina y el Caribe son fundamentales para el desarrollo de la sociedad futura, pero en la actualidad se han convertido en bienes mercantiles14 sujetos de apropiación por parte de las empresas multinacionales. América en la actualidad cuenta con el 27 por ciento del agua dulce del mundo,15 también se encuentran reservas potenciales de petróleo, carbón, y demás fuentes de energía siendo ellos la base de la producción energética de los próximos años.
En México este grupo empresarial ha venido experimentando un crecimiento espectacular en materia de generación pues de enero de 2007 a enero de 2010, ha pasado del cuarto lugar, con 1,491 MW, al segundo con 3,724 MW. También ha extendido su radio de acción, pues ahora abarca la explotación e importación de gas, la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
La consecuencia de todo este proceso de privatización y actuación en régimen de monopolio ha sido, principalmente, la transformación de un servicio, de carácter público y esencial para garantizar condiciones dignas de existencia de la población (en especial de la más vulnerable), en una fuente de comercialización y riqueza que redunda en ganancias para los grupos económicos privados, fundamentalmente internacionales, y en el caso de Fenosa, son ganancias que quedan en manos de un muy reducido grupo de inversionistas.
3. COMPLICIDADES EN EL CASO MÉXICO:
1. RESPONSABILIDAD POR LAS RECOMENDACIONES DE LA BANCA MULTILATERAL EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ENERGÉTICAS EN MÉXICO:
En México ha sido evidente la intervención del Banco Mundial en la política de privatización de las empresas de servicios públicos, donde los beneficiarios directos han sido empresas como Unión Fenosa.
Los procesos de privatización, la eliminación de monopolios estatales, la apertura a los mercados energéticos para favorecer a los inversionistas privados o los nuevos marcos regulatorios y tarifarios fueron las recomendaciones y los cambios que se piden a los países latinoamericanos en el sector por parte de la Banca Multilateral para conceder los préstamos solicitados al Banco Mundial (BM)16 y al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Estado Mexicano acató las exigencias hechas por estas instituciones y en función de las mismas reestructuró todo su sector energético17.
Como resultado de ello, se implementó la política de “apertura económica” que en México se inició a finales de los años ochenta y produjo cambios fundamentales en la legislación correspondiente, que hicieron más favorables las condiciones para la inserción de corporaciones transnacionales18. Así, en abierto conflicto con el artículo 27 Constitucional, en 1992 se realizó una reforma a la Ley de Servicio Público de energía Eléctrica que establece diversas figuras para permitir la participación del capital privado. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, en cuyos capítulos VI y X y de acuerdo con la reforma a la LSPEE, establece diversos mecanismos para la liberalización total del sector.19
2. RESPONSABILIDAD DE LAS ELITES GUBERNAMENTALES EN LA APLICACIÓN DE NORMAS Y POLITICAS QUE FAVORECE A LA UNION FENOSA:
En México esta política privatizadora tiene aspectos aún más turbios y, por qué no decirlo, mafiosos. Desde un principio ha sido clara la tendencia a favorecer a los grupos españoles de generación eléctrica y gas. Particularmente a las empresas que hoy forman el grupo Repsol-Gas Natural-Fenosa, que junto con Iberdrola, concentran el 70 % de la generación privada, lo que equivale a un monopolio de hecho. El movimiento encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha hecho una denuncia ante la Procuraduría General de la República en donde acusa al presidente Felipe Calderón, entre muchos otros presuntos ilícitos, por entablar una relación más que sospechosa con dicho Grupo20.
Denuncia a Calderón Hinojosa por que “cuando se desempeñó como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de PEMEX (de septiembre de 2003 a mayo de 2004), otorgó un contrato a Repsol de España, sin que participara otra empresa en la licitación, por 2 mil 437.2 millones de dólares para la explotación del gas en la Cuenca de Burgos, cuyo resultado ha sido un rotundo fracaso en perjuicio de la Hacienda Pública21. Asimismo, en ese entonces vendió acciones que PEMEX tenía en Repsol por debajo de su valor de mercado, ocasionando un daño patrimonial de 655 millones de dólares22. Por último, en 2007, ya cuando se encontraba usurpando la Presidencia, otorgó un nuevo contrato a Repsol de España por 21 mil millones de dólares para la compra de gas procedente del Perú23. A este personaje es a quien la mafia impuso mediante el fraude en la Presidencia de la República.”
3. RESPONSABILIDAD DE LAS POLITICAS DE INVERSION EXTRANJERA DE LA UNION EUROPEA HAN FAVORECIDO A LA UNION FENOSA:
Después de décadas de una economía relativamente “cerrada” (llamada “sustitución de importaciones”), pero con crecimiento anual per cápita del 3.41 % y del salario real de alrededor del 6 %, el periodo neoliberal significa una verdadera catástrofe para nuestro país, con una tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante de sólo 0.48% y una caída salarial cercana al 80 %. Al mismo tiempo la concentración de ingreso ha alcanzado niveles explosivos, el 10 % de la población más pobre del país percibe 1.2 % del ingreso total; mientras en el lado opuesto, el 10 % de los habitantes más acaudalados concentra 41.3 % de los recursos.
La apertura comercial indiscriminada, si bien ha logrado un crecimiento espectacular del comercio entre México y la Unión europea, también ha contribuido a acentuar los retrocesos anotados anteriormente. La oleada de inversiones hispanas ha resultado ser muy favorecida tanto por el gobierno mexicano como por el propio. Sus filiales en el sistema bancario mexicano (BBVA, Santander), controlan casi la mitad de la inversión extranjera, la cual a su vez representa el 80 por ciento del total, obteniendo fabulosas ganancias. México contribuyó con el 38.6% de los 5,020 millones de euros de beneficio que BBVA obtuvo en el 2008. Además de Unión Fenosa e Iberdrola otras grandes empresas con creciente peso en México son: Telefónica, Grupo Prisa entre muchos otros.24
La mayoría de empresas españolas han recibido alguna ayuda de parte de organismos nacionales o regionales, a través de financiamientos blandos. Existen muchos programas y apoyos diversos en Europa para las empresas que desean internacionalizarse, y en cada país tiene algunos específicos. En el caso de España, una de las ayudas más importantes, es que las pérdidas durante cinco años, de las filiales en el extranjero de las empresas españolas, pueden ser amortizadas desde el punto de vista fiscal contra los beneficios obtenidos por la matriz española. Ese es un beneficio muy importante para las empresas españolas, porque los gastos de instalación pueden deducirlos de los beneficios que tienen en su país.
Otro beneficio importante que tuvieron las empresas españolas hasta 2007, que fue declarado ilegal por la Unión Europea al considerarlo como un beneficio de Estado, consiste en que si una empresa española compra una empresa extranjera, el fondo de comercio puede ser compensado contra sus beneficios en España. 25
4. IMPACTOS CAUSADOS POR LA UNION FENOSA EN MÉXICO:
1. Por su caracter de Productor Independiente de Energía y cuyos clientes son CFE o clientes mayoristas, su impácto sobre el público en general, es más bien indirecta.
Comisión Federal de Electricidad, hasta ahora, ha sido la entidad que ha recibido el impacto de las múltiples protestas ocasionadas por el proceso de privatización de la energía eléctrica. Entre ellas destacamos las siguientes:
La primera de ellas es el aumento desmedido de tarifas. Desde industriales hasta humildes comunidades han levantado sus voces y, en caso de estos últimos, organizado protestas para resistir dicha arbitrariedad. En el estado de Campeche incluso existen tres presos políticos por esta causa. El pasado 4 de marzo Amnistía Internacional declaró a “Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, de la Red Nacional contra las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche, presos de conciencia".
En la zona del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), existen numerosas protestas por el despojo de tierras causado por la intención de instalar plantas de energía eólica.
En la comunidad “La Parota”, estado de Guerrero, lo mismo que en otras de distintos estados de la república, se extienden protestas en contra de la instalación de plantas hidroeléctricas.
Inundaciones en los estados de Tabasco (2008), de México y el Distrito Federal (2010), como consecuencia del pésimo manejo de las plantas de generación hidráulica para favorecer el proceso de privatización.
2. Persecución al sindicalismo mexicano: violaciones múltiples a los derechos de los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales
La combativa resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a la escalada privatizadora de la industria eléctrica, que logró frenar dos intentos presidenciales de reformas constitucionales (en 1999 con Erenesto Zedillo y en 2002 con Vicente Fox), lo puso en la mira de las empresas privadas y, sobre todo, del gobierno mexicano. Esta es la razón última y principal del intento de destuir al SME.
La noche del 10 de octubre 2009 a los 22:00 horas la Policía Federal Preventiva ocupó, con lujo de fuerza, las instalaciones de la empresa en que laboramos, Luz y Fuerza del Centro, amparándose en el Decreto Presidencial publicado horas después en el Diario Oficial de la Federación, ya para el 11 de octubre de 2009. Dicho Decreto contiene irregularidades que vulneran la Constitución Mexicana, al privar del trabajo a 44 mil electricistas de facto y sin fundamento legal (artículo 5: “Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”); al impedir de un debido proceso previo a los trabajadores (artículos 14 y 16), de una garantía fundamental; al ser ejecutado el Decreto, aun antes de ser publicado, mediante el asalto a los centros de trabajo por el Ejército y la Policía Federal, sin autorización legal (arts. 14, 16 y 17); al "extinguir" una empresa pública sin facultades para ello (arts. 72 apartado F y 73, frac. X), como lo es una empresa eléctrica estratégica protegida por la Constitución (arts. 25, 27 y 28); al invadir una esfera de competencia del Congreso de la Unión, como es reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 4 transitorio que creó la empresa y el modificar sin permiso de éste el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía (art. 26); al violentar los derechos y principios de estabilidad en el empleo y de libertad sindical (arts. 9 y 123); al atentar en contra de los derechos humanos de integridad y dignidad humana de todo trabajador y el "derecho humano al proyecto de vida", quebrantados al despojarlos intempestivamente de su empleo, sin que haya desaparecido la fuente de trabajo.
Consecuentemente, incumple el artículo 128 Constitucional, que establece la obligación del Ejecutivo Federal de respetar y cumplir, hacer respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Así también se transgreden los derechos internacionales con plena vigencia nacional relativos al empleo de rango humano fundamental, lo mismo que los del debido proceso y de protección de la justicia y de protección y respeto de las libertades sindicales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras leyes de la ONU y OEA.
Por lo anteriormente señalado, consideramos que se quebranta el Estado de Derecho Social en México y se pone en riesgo la estabilidad nacional, especialmente por la crisis que vive México; también se niega la verdad pública en torno al despido de 44 mil trabajadores y la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, de una nación y sociedad que merecen el mayor respeto, creadores de la primera Constitución Social del mundo y del célebre artículo 123 Constitucional.
3. Reflexiones necesarias sobre los impactos identificados y descritos
Los impactos causados por el Grupo Repsol-Gas Natural-Fenosa con su accionar y el de sus filiales en México nos permite identificar 5 tipos de responsabilidad, a saber:
* Responsabilidad en materia de la prestación del servicio público.
* Responsabilidad en materia de monopolización del servicio público.
* Responsabilidad penal como consecuencia de posible asociación delictuosa con el gobierno mexicano.
* Responsabilidad ambiental. Este tipo de responsabilidad se ha verificado en lo relativo al proceso de generación de energía a partir de la apropiación del recurso hídrico y la afectación al medio ambiente en el proceso de construcción de hidroeléctricas (empresas) y en las inundaciones de 2008 y 2010.
* Responsabilidad en material laboral.
5. PETICIONES: (Texto conjunto)
1. Solicitamos un pronunciamiento de este Honorable Tribunal en el sentido de condenar el inconstitucional, ilegal, ilegítimo y corrupto proceso de privatización de la industria eléctrica mexicana. Responsabilizar al gobierno mexicano de la ruptura del orden constitucional y de la agresión en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Promover la solidaridad de todos los movimientos sociales, ligados a esta instancia, con nuestra lucha.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 5 de mayo de 2010
Sindicato Mexicano de Electricistas
Petición a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado Español,
en torno al conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas
y las autoridades del Poder Ejecutivo.
Excelentísimo Embajador de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. JORGE ZERMEÑO INFANTE
Presente:
Las organizaciones civiles y sociales del Estado Español, abajo firmantes, preocupadas por el estado de salud, después de 30 días en Huelga de Hambre, de 80 trabajadores electricistas instalados en el Zócalo de la ciudad de México y de 13 más en la ciudad de Toluca, acudimos ante usted para hacer llegar a su gobierno nuestra respetuosa petición de buscar una solución negociada al conflicto existente con Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Asimismo solicitamos, también de forma respetuosa, nuestra petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que a la brevedad resuelva, conforme a derecho, las demandas y amparos interpuestos por el SME en defensa de su causa.
Aprovechamos para hacer de su conocimiento la siguiente acusación, que diversas organizaciones de carácter laboral y de derechos humanos de la República Mexicana, nos han hecho llegar:
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusa al Banco Mundial, a las empresas transnacionales IBERDROLA, REPSOL-Gas Natural-Fenosa y al gobierno mexicano, de haber cometido un Crimen contra la Humanidad, al haber instigado los primeros y ejecutado este último, la inconstitucional desaparición de la empresa pública de electricidad Luz y Fuerza del Centro, de ocupar sus instalaciones con lujo de violencia utilizando al ejército y la fuerza pública, de violar los derechos humanos y laborales de sus 43 mil 720 trabajadores al despedirlos, de dejar en la indefensión a sus 22 mil 256 jubilados y de intentar destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas.
También los acusa de haber emprendido esta agresión sin tener otro propósito que el de impulsar un inconstitucional, ilegal y corrupto proceso de privatización de la industria eléctrica nacional y de sus redes de fibra óptica y oscura para las telecomunicaciones. Inconstitucional porque el párrafo sexto del Articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente prohíbe la participación de los particulares en cualesquier parte del proceso de trabajo eléctrico (Generación, Transmisión, Distribución y Abasto de Energía Eléctrica). Ilegal porque las creación de la figura de “Productor Independiente de Energía” (PIE) en una ley secundaria (la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica –LSPEE-) que contradice el Párrafo Constitucional antes mencionado y las iniciativas para reformar y hacer compatible a la Carta Magna con esa figura, ha sido reiteradamente rechazada tanto por el Congreso de la Unión como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corrupto porque se han establecido contratos de operación que le otorga a las empresas trasnacionales todas las ventajas y ningún riesgo. Operan ganando por partida doble, primero a través de esquemas de inversión conocidos como Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) en donde el estado mexicano asume el riesgo de la inversión y del abasto del combustible amortizando la inversión, pagando onerosos intereses y con contratos que aseguran la venta del cien por ciento de su capacidad de generación, amén de que México contaba con un parque de generación suficiente para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, y debido a esa política de privatización escandalosa, ha tenido que cerrar y reducir la capacidad de sus plantas de generación.
Las consecuencias del proceso de privatización de la industria eléctrica mexicana constituye otros tantos delitos de lesa humanidad y ambientales, al haber provocado quebranto financiero y técnico de las dos empresas públicas de electricidad, de graves inundaciones en las entidades de Tabasco (2008), Estado de México y Distrito Federal (abril de 2010), y un desmesurado incremento de tarifas que han ocasionado múltiples conflictos sociales, represión y el encarcelamiento de líderes opositores a dichos incrementos.
Finalmente también hacen responsable al gobierno mexicano de la muerte de más de 25 trabajadores que, debido a la criminal carencia de capacitación en un oficio tan delicado y al desconocimiento de las instalaciones eléctricas de LFC, fueron contratados para tratar de mantener el servicio público de electricidad.
LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO AL SME
El SME, al cual aún se encuentran adheridos más de 18 mil trabajadores, informa de las graves violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido, y sigue incurriendo, el Estado Mexicano. Mismas que son transgresoras de la llamada “Cláusula Democrática”, inserta en el Acuerdo de Asociación suscrito con la entonces Comunidad Europea, a efecto de que se realicen las investigaciones pertinentes y se pronuncien por la suspensión unilateral de los compromisos asumidos por la actual Unión Europea en los términos del artículo 58 de dicho acuerdo.
Para ese efecto, a fines del año pasado, el SME interpuso un recurso de queja contra el estado mexicano por dichas violaciones ante el Parlamento Europeo sin que hasta ésta fecha obtenga una respuesta satisfactoria. Es completamente inadmisible que la Comunidad Europea, supuestamente respetuosa de los derechos humanos y laborales en todas partes del mundo, haga caso omiso de las graves violaciones mencionadas y mantenga relaciones comerciales con un estado transgresor.
La noche del 10 de octubre a los 22:00 horas la Policía Federal Preventiva ocupo, con lujo de fuerza, las instalaciones de la empresa, Luz y Fuerza del Centro, amparándose en el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009 después de la media noche. Dicho Decreto contiene irregularidades que vulneran la Constitución Mexicana, al privar del trabajo a 44 mil electricistas de facto y sin fundamento legal (artículo 5: “Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”); al impedir de un debido proceso previo a los trabajadores (artículos 14 y 16), de una garantía fundamental; al ser ejecutado el Decreto, aun antes de ser publicado, mediante el asalto a los centros de trabajo por el Ejército y la Policía Federal, sin autorización legal (arts. 14, 16 y 17); al "extinguir" una empresa pública sin facultades para ello (arts. 72 apartado F y 73, frac. X), como lo es una empresa eléctrica estratégica protegida por la Constitución (arts. 25, 27 y 28); al invadir una esfera de competencia del Congreso de la Unión, como es reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 4 transitorio que creó la empresa y el modificar sin permiso de éste el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía (art. 26); al violentar los derechos y principios de estabilidad en el empleo y de libertad sindical (arts. 9 y 123); al atentar en contra de los derechos humanos de integridad y dignidad humana de todo trabajador y el "derecho humano al proyecto de vida", quebrantados al despojarlos intempestivamente de su empleo, sin que haya desaparecido la fuente de trabajo.
Consecuentemente, el Ejecutivo mexicano incumplió el artículo 128 Constitucional, que establece la obligación del Ejecutivo Federal de respetar y cumplir, hacer respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Así también se transgredieron los derechos internacionales con plena vigencia nacional relativos al empleo, de rango humano fundamental, lo mismo que los del debido proceso y de protección de la justicia y de protección y respeto de las libertades sindicales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras leyes de la ONU y OEA.
Respetuosamente
Siguen Firmas
Madrid, Estado Español, a 27 de Mayo de 2010
